Ciudad de México.- El coordinador de la subcomisión de Transparencia y Anticorrupción de la Comisión de Puntos Constitucionales, Héctor Jiménez y Meneses, dijo que a fin de contribuir en la transformación del país y concretar los cambios que Estado y sociedad requieren y exigen, es necesario renovar el orden jurídico en materia de combate a la corrupción.
Durante el foro “Análisis sobre iniciativas en materia de transparencia y anticorrupción”, el diputado de Morena afirmó que la exigencia social por alcanzar la plena democracia obliga a un análisis minucioso y objetivo de las leyes en la materia que sirvan para equilibrar el ejercicio del poder público y el respeto de los derechos sociales.
Recordó que en 1977, con la reforma constitucional al artículo 6, iniciaron los cimientos en materia de transparencia; sin embargo, la construcción del orden jurídico no ha logrado materializar sus objetivos en todos sus aspectos, por lo que resulta necesario continuar en esta ruta.
Mencionó que a la subcomisión se turnaron, para su análisis, iniciativas de reforma a los artículos 108, 109, 110 y 113 de la Constitución; del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción presentadas en la LXIII legislatura en materia de que las personas y entidades que manejan fondos y recursos públicos presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses.
También sobre las responsabilidades de las entidades por el hecho de corrupción y determinación oficiosa de afectación patrimonial, del sistema nacional anticorrupción y carácter vinculante de sus recomendaciones.
Jiménez y Meneses dijo que el encuentro con especialistas es relevante porque sus aportaciones y conocimientos abonarán a tomar decisiones legislativas de manera objetiva y que contribuyan a la transformación de la nación.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que el combate a la corrupción no es solamente tema académico, sino exigencia ciudadana y en esta LXIV Legislatura tendrá que estar a la altura de ese posicionamiento social.
Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se refirió al caso de Odebrecht, del que la institución recibió un segundo amparo, notificado el viernes pasado, para no abrir la información.
“La respuesta de la Fiscalía es de lo más inaudita. Es un tema de puntos de vista institucional, que no culpó ni al fiscal ni a la Fiscalía, ellos tendrán su razón, la están defendiendo, y el INAI defiende sus atribuciones, instancias y competencias”.
Expresó su preocupación por la rendición de cuentas del dinero público que reciben los sindicatos, del cual se debe tener claridad de cómo y en qué se gasta. “Es urgente que los líderes sindicales tengan declaraciones sobre sus patrimonios y determinen los conflictos de intereses que tengan”.
Aseguró que los sindicatos han cumplido con este requisito, menos el de Pemex. Apenas hace unas semanas fueron al INAI a solicitar apoyo para formar su Comité de Transparencia, ya que tienen la responsabilidad de tener una página electrónica para que se conozcan sus gastos; sin embargo, la empresa no otorgó recursos para hacerlo.
El abogado penalista y maestro en ciencias penales, Ulrich Richter Morales, señaló que cualquier iniciativa en el tema de anticorrupción no es suficiente para paliar la problemática de México y que dejó el gobierno saliente. Aplaudió estas propuestas, pero ante los retos del país se quedan cortas, “serían una aspirina”.
Indicó que el gran problema es que no se aplica la ley, pues si bien se creó un sistema anticorrupción y modificó la Constitución, requiere un código penal y una ley en la materia, ya que en el pasado sólo se ha jugado a hacer un sistema.
